Aeropuertos privatizados

A propósito de la privatización de la indus-tria petrolera, que compulsivamente busca Calderón, atropellando hasta el sagrado derecho ciudadano para abrir un debate serio y sin prisas en un tema de tal trascendencia, es necesario echar una mirada a otras privatizaciones neoliberales que consumó Zedillo a finales de la década pasada.

Zedillo tampoco tuvo que reformar la Constitución para entregar a particulares las costosísimas instalaciones, terrenos, equipamiento, administración y explotación de los aeropuertos nacionales; mediante reformas a la Ley de Aeropuertos y Aviación Civil cedió incluso los ingresos fiscales del derecho de uso de aeropuertos, cambiando la denominación a “tarifa por el uso de aeropuertos”, a fin de que se entregaran al concesionario y no a la Tesorería de la Federación.

El pretexto fue idéntico al que esgrime hoy Calderón con Pemex porque, entonces, Zedillo dijo que el gobierno no tenía recursos para invertir en la modernización de los aeródromos y por eso se requería de inversionistas poderosos que lo hicieran. Al cabo de 10 años, no sólo el gobierno ha perdido los ingresos fiscales que tenía a nivel federal, sino que hoy los mismos municipios donde se ubican las centrales aéreas tampoco reciben el impuesto predial ni las demás contribuciones que cualquier industria o negocio, asentado en su territorio y que haga uso de los servicios municipales, debe pagar.

Por si fuera poco, las autoridades policiacas y migratorias que operan en los aeropuertos también se ven constreñidas a lo que autorizan los gerentes de los mismos porque ya no opera la jurisdicción federal en ellos (recuérdese por qué no pudieron aprehender a Fujimori en su escala en Tijuana desde Japón rumbo a Chile). No se diga con relación a la aplicación de otras leyes, como las que protegen a los locatarios que tenían contratos de arrendamiento cuando Aeropuertos y Servicios Auxiliares, empresa descentralizada del gobierno federal, los operaba, porque ahora esos comerciantes han sido desplazados con violencia para traer en su lugar franquicias extranjeras que les paguen rentas y comisiones elevadas.

Este es el espejo en el cual puede verse a Pemex privatizado. La red de 12 aeropuertos del Pacífico fue concesionada al mismo grupo de capitalistas españoles que capitanea José María Aznar, que patrocina el rey Juan Carlos y que tienen exceso de liquidez que no pueden lavar en Europa por lo que le urge colocarla en América Latina; es el mismo que intentó derrocar al presidente de Venezuela y colaboró en la campaña presidencial en México a favor de Calderón.

Tienen en sus manos una mina de oro con una concesión de 12 aeropuertos a 50 años, prorrogables otros 50. Manejan un negocio redondo de 17 millones de pasajeros anuales que pagan la tarifa, consumen en los aeropuertos y, al igual que decenas de aerolíneas, no tienen otra opción que llegar a esos lugares, que si bien están recién pintados, los servicios, los espacios, la atención y la inseguridad e insalubridad están mucho peor que cuando las manejaba ASA.

Los ejemplos están a la vista. Apenas la semana pasada se supo de dos personas que fueron atropelladas en la pista por un avión que despegaba en el aeropuerto de Tijuana. ¿Podría creerse que en 10 años de la concesión al Grupo Aeropuertuario del Pacífico de este importante y estratégico aeropuerto, ni siquiera la malla perimetral que se tenía ha sido reparada y menos reemplazada, elevada y reforzada por las más elementales razones de seguridad? El accidente pudo ser no sólo la muerte de la persona arrollada o succionada por las turbinas, sino de mucho peores consecuencias, cuando el avión traía más de 100 pasajeros y pudo incendiarse.

Otro de los 12 aeropuertos, el de Guadalajara, padece toda clase de calamidades. Desde la falta de aire acondicionado en la sala de última espera hasta los pasillos insuficientes atestados de comercios, baños pequeños, sin agua y, desde luego, estacionamientos atiborrados mal ubicados y con filas interminables para entrar y salir. Nadie podría concebir que ASA, hasta en sus peores tiempos, hubiera podido descuidar a tal grado un aeropuerto de la importancia de éste, en lo nacional e internacional.

Las utilidades escandalosas del GAP, que llegan a 21.1% de sus ingresos, podrían estarse recibiendo para la satisfacción de gasto social en México. Pero lo más trágico, el manejo de los aeropuertos del país, se estaría haciendo desde aquí y no desde Madrid.

Fuente: Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM (Jesús González) y El Universal